Campos de golf

El jueves 1 de marzo, día de la Comunidad, el Diario de Mallorca publicaba un artículo con titular en portada y a doble página en el interior: “Campos de golf excavan pozos ilegales para ahorrarse el agua depurada”. Me llevé una alegría: por fin saltaba a la luz pública, un asunto sobre el que ya se habían emitido informes técnicos por parte del Servicio de Estudios y Planificación (SEP) en 2011 y 2012, antes de mi jubilación.

 En efecto, en fecha  16 de septiembre 2011, el SEP dirigió un informe a la jefa de departamento de la Dirección General de Recursos Hídricos (DGRH), Dña. Margalida Amengual, en el que se advertía del descenso anómalo del nivel del agua en un sondeo (piezómetro) de la red de control de aguas subterráneas, muy superior a los valores históricos conocidos. El piezómetro está situado próximo al campo de golf de Son Gual. Dicho descenso coincidía con la puesta en marcha del citado campo de golf.

Para facilitar la comprensión de las oscilaciones piezométricas en el sondeo LLP-26 (MA0530), el 21 de octubre de 2011 se instaló un equipo de registro digital programado para almacenar una medida de nivel cada hora, es decir, son 24 datos/día lo cual supone un registro continuo de la evolución del nivel. En base al gráfico obtenido, el 29 de junio 2012 se remitió un nuevo informe en el que quedaba demostrado que se estaban extrayendo aguas subterráneas que provocaban un fuerte descenso en el citado piezómetro. El gráfico reflejaba perfectamente el inicio y parada de las extracciones, puede decirse que es un ejemplo "de libro" de la influencia de bombeos en pozos próximos. El informe finalizaba con el siguiente epígrafe:

     “Por todo ello y por el peligro real que existe de salinización del acuífero, el SEP considera que debe actuarse al respecto, reiterando lo escrito en el primer informe: “se considera necesario realizar una visita de inspección a las instalaciones del “Golf Son Gual”, con comprobación de las instalaciones de los pozos, del uso que se está haciendo del agua extraída y si es preciso, seguimiento y control de los volúmenes extraídos”.

La administración hidráulica no solo no actuó, sino que según me informaron los agentes de medio ambiente, se les prohibió (verbalmente, claro) que realizaran inspecciones para la localización de pozos ilegales o con uso ilegal, en el citado campo de golf.

 Hay que recordar que el riego de campos de golf con agua subterránea, está prohibido en Baleares desde el año 2001.

Esta falta de actuación en la aplicación de la ley por parte de la Administración Hidráulica, no fue la única en la legislatura de Company al frente de la Conselleria, cuatro años que fueron nefastos para  el medio ambiente. Otro caso emblemático de no actuación fue el de Sa Bassa Plana (para detalles, ver entrada de 17 noviembre 2016, así legislaba Company (I)).

 La no aplicación intencionada de la legislación y sus correspondientes procedimientos sancionadores por parte de la Administración ante infracciones de la ley, cuando existen pruebas suficientes o indicios claros, tiene un nombre en mi cultura: prevaricación.

Con la llegada del nuevo equipo a la Conselleria tras las elecciones de 2015, se activaron las investigaciones del equipo de agentes de medio ambiente. Los resultados vienen reflejados en los artículos publicados en el Diario de Mallorca: se han localizado pozos ilegales o de uso ilegal; se ha muestreado el agua de los pozos, la procedente de la depuración y la usada para riego.

 Por tanto, hay unos hechos probados: la existencia física de pozos ilegales (en algunos casos muy bien camuflados) o con uso ilegal; la extracción ilegal de agua, cuantificable por métodos hidroquímicos a partir de las muestras analizadas y por tanto, valorable.

Pretender esperar a tener más pruebas de la afección al dominio público hidráulico, más allá de los volúmenes extraídos ilegalmente, es una irresponsabilidad o una maniobra de dilación, que no tiene justificación. No hay que esperar a que se produzca una salinización en el acuífero, las ilegalidades ya existen. No sé si las actuaciones detectadas constituyen delito ambiental, pero está claro que son ilegalidades tipificadas por la legislación vigente.

La técnica de solicitar cada vez un nuevo informe, luego otro y luego uno más … es una práctica muy conocida y que tiene dos orígenes habituales: el cuestionamiento de los informes técnicos por parte de algunos instructores pese a su desconocimiento técnico o la intención de dilatar indefinidamente el proceso. Las maniobras de dilación son bien conocidas en el mundo jurídico, basta leer la prensa.

 El Conseller Vicenç Vidal tiene que actuar decididamente e impulsar de inmediato la tramitación de los expedientes sancionadores. Primero, porque es su obligación. Segundo, porque se lo debe a sus agentes de medio ambiente, un grupo de excelentes profesionales, servidores públicos que creen en su trabajo y están altamente implicados en el mismo. Las declaraciones del Conseller de día 2 de marzo en Diario de Mallorca, son como mínimo, muy poco afortunadas. Tercero, porque se lo debe a los empresarios de los campos de golf que sí cumplen con la legalidad.

 Deben sellarse de inmediato (no simplemente ponerles una tapa) los pozos ilegales detectados, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Plan Hidrológico de las Islas Baleares y restituir la estructura del dominio público hidráulico a su situación inicial, así como sancionar a los infractores, tanto por la construcción o utilización ilegal de un pozo, como por los volúmenes extraídos ilegalmente.