Así legislaba Company (II) o el Principio de Incompetencia de Peter

 

“En una jerarquía todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia”.

 

Dicho principio, formulado en 1969 por Laurence J. Peter, puede estar detrás de la mayoría de los casos de corrupción o de prevaricación que aparecen en la prensa con demasiada frecuencia.

 

Y es que en casi todos ellos aparece, además del político de turno, algún funcionario que no ha cumplido con su deber constitucional de defender la legalidad y la racionalidad técnica en los procedimientos, deber constitucional que justifica la existencia misma del funcionariado y la inamovilidad de su nombramiento.

 

Este incumplimiento del deber constitucional de defender la legalidad, que equivale a incumplir el deber de proteger el interés común de los ciudadanos, se produce en muchas ocasiones por pura y simple cobardía.

 

Pero en otros casos, los más graves y sangrantes, se produce por mero interés personal en mantener un puesto de los llamados “a dedo” que no hubieran obtenido aplicando los principios de igualdad, mérito y capacidad. Este segundo grupo está formado por los incompetentes de Peter, que para el caso concreto podrían ser también los incompetentes de Company. Personas que al calor del poderoso arriman el ascua a su sardina para medrar por encima de su capacidad, con el único requisito de la lealtad más servil.

 

Pongamos algún ejemplo de esta incompetencia, del que por suerte tengo perfecto recuerdo:

 

En la reunión del día 29 de julio 2012 a la que hacía referencia en mi anterior entrada (17-11-2016), manifesté que se estaban manipulando los datos, al utilizar un informe de coyuntura del Instituto Geológico y Minero de España para el periodo 2005-2011, en lugar de utilizar los datos históricos desde 1985, como imponía el Reglamento de Planificación Hidrológica, obviando con ello los periodos más importantes de sequía (1993 y 1994, 2000 y 2001) y dando por tanto, mayor peso a los años extremadamente lluviosos (2009 a 2011), tal como puede observarse en el gráfico adjunto, que recoge la evolución histórica de los niveles en un pozo de referencia.

 

Se estaban utilizando medias verdades y se estaba incumpliendo un Reglamento. Y así lo puse de manifiesto. Dije que “la peor mentira es una media verdad”. La respuesta fue: “Exactamente. Estoy de acuerdo, de acuerdo, es lo que se hace en política”.

 

El que esto afirmaba no era un político, sino el Jefe del Servicio Jurídico de Medio Ambiente, de la Conselleria de Agricultura, Medi Ambient i Territori. Dicho de otra manera: el Jefe del Servicio Jurídico de la Conselleria estuvo, a juzgar por sus palabras, de acuerdo con el uso de datos manipulados para elaborar la norma que se estaba discutiendo, porque a los políticos les interesaba esa manipulación. ¿No debiera un funcionario velar por los ciudadanos y no por los políticos? ¿No forma parte de la lealtad de un trabajador público el advertir de los errores a los responsables políticos para evitar perjudicar a la sociedad? Por clara que sea la respuesta, no pierdan de vista el título de esta entrada.

 

Posteriormente a esta reunión, tuve una conversación con la Jefa de Departamento (funcionaria de libre designación). En esta conversación yo manifesté: “ese decreto, por los comentarios, está pensado para unas cuantas personas”. Su respuesta fue: “es una chapuza y lo sabemos todos”. Sin embargo, sabiéndolo todos, solo algunos lo denunciamos en voz alta. Otros consienten y colaboran. Muchos callan.

 

Al referirme a los problemas que podrían plantearse con nuevas extracciones en masas de agua subterránea con problemas de posible salinización, por ejemplo, la plataforma de Llucmajor, manifesté: “El primer pozo que se ponga en marcha, al cabo de un año se habrá salinizado, es que es así. Y bueno, es una chapuza”. La respuesta de la Jefa de Departamento fue: “Lo es, es muy bestia, la medida es muy bestia”.

 

Fue también muy interesante y aclaratoria mi conversación con dicha Jefa de Departamento dos días después de mi jubilación. En dicha conversación, yo seguía manifestando mi extrañeza por el interés en permitir las concesiones para actividades agrarias, incluso en las masas de agua con problemas, cuando la agricultura extrae aproximadamente una tercera parte de los volúmenes que tiene concedidos administrativamente. La respuesta fue: “Pero Alfredo, es que Agronatura no tendría suficiente…y Fontanet”. Agronatura es una empresa de la familia Company; Fontanet es un importante empresario, también del sector agrícola. ¿Acaso se estaba regulando el uso de un recurso esencial como es el agua en beneficio de una empresa familiar del por entonces Conseller Company y de otros particulares? ¿Lo sabían estos dos altos funcionarios de los que hablamos y no dijeron nada?

 

Que un político legisle y actúe para favorecer unos determinados intereses individuales, familiares o de grupo, en lugar de los intereses colectivos, es algo a lo que por desgracia nos estamos acostumbrando, por más repudiable que resulte desde un punto de vista ético y filosófico e incluso desde un punto de vista legal.

 

Pero todavía más grave es que funcionarios públicos con pleno conocimiento de que una decisión política incumple principios legales o vulnera los criterios técnicos no sólo no se opongan, como sería su deber, sino que colaboren activamente o, cuando menos, guarden obediente y servil silencio a mayor gloria de quien les encumbró por encima de su umbral de competencia.