En Baleares, el que contamina cobra

La Normativa 2011 establecía detalladamente en los artículos 146 a 156 y en el Anejo 9, las medidas necesarias para luchar contra la contaminación difusa de origen agrario.

En la Normativa 2013, se elimina el Anejo nº 9 de la anterior normativa 2011, que incluía el Plan de Acción para las zonas vulnerables, aprobado por Resolución de la Consejera de Agricultura y Pesca de 6 de mayo de 2009, por la que se aprueba el programa de actuación aplicable a las zonas declaradas vulnerables en relación con la contaminación de nitratos de origen agrario de las Islas Baleares (publicada en el BOIB núm. 73 extraordinario, de 20 de mayo 2009) y se sustituyen los artículos anteriores por tres artículos, 105, 106 y 107, uno de ellos vergonzante (artículo 106), que dice:  “En caso de que la Administración Hidráulica o la Administración responsable de la gestión agrícola y ganadera, detecten episodios de contaminación por nitratos  de las aguas subterráneas  de origen agrícola y/o ganadero, se llevarán a cabo por la Administración competente en materia agraria las oportunas inspecciones. Los resultados de dichas inspecciones se remitirán a la Administración Hidráulica en el marco de la colaboración que se haya establecido a estos efectos”. En la Normativa de 2013, por otra parte, no se hace ni siquiera referencia, al citado plan de acción. Con ello se incumplen los artículos 45.3, 49.2 y 51.1 del Reglamento de Planificación Hidrológica y el compromiso de la Administración Balear ante la Comisión Europea de incluir la obligatoriedad de estos aspectos en el Plan Hidrológico, para evitar una sanción por incumplimiento de la Directiva de Nitratos (Anejo nº 3) y la Administración Hidráulica hace dejación de sus obligaciones y responsabilidades como autoridad de la Demarcación Hidrográfica.

Las medidas adoptadas hasta la fecha por la Administración competente en materia de  agricultura, han demostrado su insuficiencia. En efecto, en la zona declarada inicialmente como vulnerable en Baleares (Sa Pobla) hace más de 15 años, no se ha conseguido invertir las tendencias y los valores medios de contaminación son de 150 mg/l de ión nitrato. Y ha obligado a la CAIB, por emplazamiento de la Comisión Europea y para evitar una sanción por incumplimiento de la Directiva de nitratos, a ampliar notablemente el número de zonas vulnerables.

Resulta curioso el concepto de “episodio de contaminación” de Bielén Company y sus juristas, tan incompetentes e irresponsables como él. Y resulta indignante la manipulación de las estadísticas agrarias sobre uso de fertilizantes nitrogenados y dosis aplicadas. La simple observación de las figuras que se adjuntan es suficientemente aclaratoria.

Gracias a estos “episodios de contaminación”, de origen fundamentalmente agrícola (y ganadero en Menorca), extensas zonas de las masas de agua subterránea de las islas están inutilizadas para abastecimiento humano, salvo que se apliquen costosos tratamientos cuyo coste tiene que soportar toda la población, caso de las plantas de desnitrificación o de desalación.

La Comisión Europea en su informe Pilot de marzo de 2014 y en la intervención de Jorge Rodríguez en la Comisión de Peticiones de fecha 22 de junio 2015, en respuesta a la petición presentada por Izquierda Unida Islas Baleares, han manifestado reiteradamente la necesidad de medir el agua extraída (también para usos agrarios), adecuar las concesiones a los recursos disponibles, controlar la contaminación difusa e internalizar los costes ambientales de la misma y tarificar adecuadamente el coste ambiental cuantitativo del autoconsumo.

En España no se ha realizado ningún estudio sobre el tema, pero extrapolando y adaptando los estudios realizados en varias cuencas de Francia, solamente la internalización del coste ambiental de la contaminación difusa en Baleares, podría representar entre 700 y 1.700 €/Ha/año, cantidad que, al igual que la tarificación ambiental del autoconsumo, debería descontarse de los pagos de la PAC, por ejemplo. Todo ello sin perjuicio de que se estudiase adecuadamente las externalidades positivas que produce la agricultura que, sin duda, las tiene. Solo así se podrían cuantificar de una manera justa, las percepciones que deben recibir los agricultores.

Se aplica en Baleares el sistema caciquil, tan bien representado por Bielén Company: solo derechos y ninguna obligación o privatización de los beneficios y socialización de las pérdidas.

Frente al principio europeo de que el que contamina paga, en Baleares se aplica el principio de que el que contamina cobra.

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